En las últimas décadas los españoles hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades. Nos creíamos merecedores del estado de bienestar del que disfrutábamos. Sin embargo, no podíamos estar más lejos de la realidad. Nuestro estado de bienestar era y, en mi opinión, sigue siendo insostenible; mantenido principalmente por las entradas de capitales del exterior de los casi incansables compradores de deuda extranjeros y los turistas europeos que habían establecido la costa española como su “parque de recreo” en tiempos de bonanza económica. Un lugar donde el ratio entre calidad y precio ha ido disminuyendo con respecto a otros destinos turísticos de sol y playa.
Los tiempos de bonanza, así como los de crisis, se han alargado más o menos en el tiempo pero, hasta la fecha, siempre han tenido un final. Sin embargo, parece que a los españoles no se nos ocurrió pensar en este final, o peor aún decidimos pensar que esta vez sería distinto, y en pocos años pasamos del consumo moderado a una situación de derroche desenfrenado. Familias pasaron de tener una única vivienda a más de tres en una década, por supuesto una de ellas en la costa, y otra, en muchos casos, cerrada. Algunas personas se permitían el lujo de llamar a esta práctica inversión, cuando la mejor denominación que podría recibir es la de especulación no cualificada. Familias que nunca antes habían ido de vacaciones, no les bastaba con la playa, si no que además visitaban Rockefeller Center en diciembre. Y no creo necesario tener que hablar de coches alemanes ya que con pasear por la calle cualquiera es capaz de observar el nivel que hemos alcanzado.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa escribió en su obra “Il Gattopardo”, "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi" ("Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie"). Durante todos estos años en los que España crecía, y además a mayor velocidad que la media de los países de la Eurozona, ningún político ha estado dispuesto a tomar medidas antisociales que pudieran costarles votos en las urnas. Diversos economistas y analistas intentaron avisar tanto al Gobierno como a los ciudadanos de las nefastas consecuencias que derivarían del complacismo de aquellos años. Nuestra economía debía haber realizado los cambios pertinentes que le permitieran convertirse en una economía flexible y capaz de adaptarse al entorno cambiante.
Como comentaba anteriormente, la economía crecía a buena velocidad y esto favorecía tasas de paro más bajas que las nunca antes vistas en España, así que ningún político tuvo la valentía y honradez suficientes para tomar medidas que, aunque impopulares, sin ninguna duda habrían conseguido que la actual crisis no fuera tan profunda y duradera en nuestro país.
Ya antes de que comenzara la crisis, numerosas empresas extranjeras comenzaron a huir del territorio
español. El Gobierno hace grandes esfuerzos por retener a las empresas multinacionales, muchas veces a golpe de subvención o adjudicación que pagan los impuestos del ciudadano; sin embargo, no siempre consiguen su objetivo. En España los costes por trabajador son muy elevados comparados con los de países emergentes y las leyes españolas sobre contratos laborales, pese a la “minireforma” del pasado mes de septiembre, son un gran inconveniente para el empresario. Si unimos los dos factores antes mencionados a la baja productividad, derivada principalmente de la escasa y deficiente formación del trabajador medio, parece evidente que de mantenerse la situación, la huída de las empresas continuará.
Además de lo anterior hay que destacar que el nivel de deuda de las administraciones públicas ha aumentado notoriamente en los últimos años y en la gran mayoría de los casos no para mejorar la productividad de las mismas sino todo lo contrario. En un vano esfuerzo por reducir el nivel de paro se han duplicado puestos de trabajo y se han creado otros nuevos. Puestos que en muchos casos tienen cargas de trabajo muy inferiores a la de cualquier trabajador del ámbito privado.
En los últimos meses se viene hablando en los medios de comunicación de la posibilidad de remunerar a los empleados públicos en función de su productividad. En mi opinión ésta sería una medida correcta y el efecto que surta será de mayor calado cuanto mayor sea la parte variable del salario final; sin embargo considero que la correcta aplicación de esta medida está sujeta a que haya despidos antes de su implantación ya que habiendo puestos duplicados, como explico en el párrafo anterior, se produciría una rebaja de salario injusto para muchos trabajadores, lo que provocaría el descontento entre los afectados.
Bajo mi punto de vista, se debería fomentar, por parte del Gobierno Central, que los ayuntamientos y las comunidades autónomas vecinos, así como los Ministerios, buscaran sinergias que les permitan acometer reducciones de plantilla haciendo frente cada uno de ellos a la parte proporcional del salario de los trabajadores en función de la cantidad de trabajo que realicen para cada interesado.
También opino que el nivel de endeudamiento se podría reducir en gran medida mediante reformas del sistema sanitario y del educativo.
En países como Alemania se ha establecido el copago sanitario de forma exitosa. La tasa que han de pagar los usuarios del mismo es suficiente para desincentivar a los ociosos e insuficiente para que los realmente enfermos decidan no acudir al médico. Se ahorraría gran cantidad de dinero en salarios y recetas innecesarias, además considero que la privatización de algunos centros sería positiva ya que incrementaría la variedad de oferta existente, y ofreciendo distintos servicios a distintos tipos de cliente mejoraría la percepción del ciudadano del sistema sanitario.
En lo que a la educación respecta, considero necesario que todos los estratos de la sociedad tengan acceso a la educación, pero esto no quiere decir que tenga que ser gratuita para todos. A mi entender, si se fomentaran los centros concertados y privados y los centros públicos se reservaran para personas realmente necesitadas el Gobierno podría ahorrar millones de euros y la privatización supondría una mayor especialización de cada centro según el tipo de alumnos a los que forma, y en consecuencia supondría una mejora en la calidad de la educación recibida por los mismos.
Una última medida que considero ayudaría en la gestión de las administraciones públicas sería la contratación de gestores o empresas de consultoría externas, independientes de los políticos, que estudiaran las administraciones y propusieran sus planes de ajuste con el fin de la reducción de costes y mejora de la productividad.
Debido a sus rigideces actuales, el mercado de trabajo, es el gran problema de la economía española. Con un 20% de desempleo, España ve como muchos jóvenes con estudios superiores, en los que se ha invertido mucho dinero por parte del Estado, deciden emigrar al extranjero. En numerosas ocasiones son jóvenes mejor formados que los trabajadores que sí tienen empleo, pero los costes del despido son demasiado elevados para las empresas como para planteárselo. En mi opinión, el despido libre es necesario y bueno para la sociedad. En Estados Unidos se utiliza y su mercado de trabajo es flexible y capaz de adaptarse fácilmente a los cambios. El que exista despido libre obliga a los empleados a seguir formándose y a esforzarse y así, día a día, van siendo más valiosos para sus respectivas empresas, que están obligadas a tratarlos de forma correcta para que se sientan cómodos y no deseen cambiar de compañía.
En cuanto a los convenios colectivos creo que seria conveniente su supresión, o al menos reducir el peso que tienen actualmente, ya que cuando un trabajador firma un contrato de trabajo tiene la posibilidad de negociar y obtener una remuneración acorde a su valía y si no es lo que el trabajador estima oportuno siempre puede abandonar la empresa. Los convenios colectivos en mi opinión solo son beneficiosos para las personas menos productivas de las empresas, ya que se aprovechan de la valía de los empleados más productivos para hacer fuerza contra el empresario.
Por otro lado, considero que la prestación por desempleo, es para muchas personas una alternativa al trabajo como fuente principal de ingresos. Bajo mi punto de vista, este problema nace de que la prestación es demasiado elevada. Si el Gobierno redujera las prestaciones, los desempleados reconsiderarían su situación, estarían dispuestos a reducir sus expectativas de salario y los costes laborales unitarios se reducirían. Una reducción en los salarios supondría una mejora de los resultados empresariales mediante el aumento de las exportaciones, y de esta manera las empresas contratarían mas empleados que harían que el conjunto de la población consumiera más y nos llevaría de vuelta a la senda del crecimiento. Si como sugería anteriormente el Gobierno redujera las prestaciones, también podría reducir los impuestos que los trabajadores pagan para mantener la Seguridad Social y de esta forma los ciudadanos podrían gestionar su dinero como creyesen conveniente, ya sea consumiendo, o ahorrando para su jubilación. El ahorro se realizaría mediante entidades de carácter privado, especializadas en la gestión de capitales y a libre elección del ciudadano. De esta forma el dinero recibiría una gestión más eficiente que la que actualmente le dan los estamentos públicos.
Sobre política fiscal considero que se debe seguir incentivando la entrada de capital extranjero para que nuestras empresas se sigan financiando a precios bajos y sean competitivas frente a las empresas extranjeras; así mismo creo que se debería penalizar la inversión minorista en el extranjero para evitar la salida masiva de capitales. En el corto plazo, hasta que hayamos salido de la crisis, seria correcto aplicar una política fiscal que grave el ahorro e incentive el consumo y el trabajo para que de este modo se pueda volver a generar movimiento suficiente en el mercado para volver a alcanzar las cuotas de crecimiento de nuestros vecinos europeos.
